La AVL cumple 5 años sin esplendor

Per Alfons García

Xavier Casp, que era el miembro de más edad, salió de la ceremonia de aquel 23 de julio de 2001 como presidente provisional y Artur Ahuir, el más joven, resultó investido secretario eventual. Fallecimientos y renuncias han hecho que cuatro de aquellos primeros académicos ya no estén. La marcha más sonada fue la del propio Casp, que en septiembre de 2002, y tras una actividad casi nula en la institución, abandonaba formalmente. El ex decano de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) se fue sin criticar al Consell ni a la Acadèmia, pero sin reconocer los primeros acuerdos normativos -alcanzados el 25 de marzo y el 20 de mayo de ese año-, que daban carácter oficial al valenciano utilizado por la Conselleria de Educación desde 1983. Esto es, a la normativa consolidada por las universidades a partir de las Normes del 32. Casp murió en 2004. También por defunción quedaron vacantes las plazas de Alfred Ayza (el primer secretario) y Vicente Gascón Pelegrí. La catedrática Carme Barceló dimitió en octubre de 2003 tras varios choques con el sector oficialista. Los cuatro puestos están cubiertos hoy en día por Àngel Calpe, Emili Casanova, Manuel Pérez Saldanya y Ricard Bellveser, que lleva sólo dos meses en la casa.


Casa es precisamente lo que no tiene aún la AVL, pese a lo establecido en la ley y las promesas del Consell, que en 2003, en los momentos de idilio del presidente Francisco Camps con la institución, llegó a ofrecer un palacete en la plaza de San Nicolás. El conseller González Pons se hizo una estupenda sesión fotográfica con la presidenta, Ascensió Figueres, en el edificio, pero los equilibrios en el PP hicieron que sólo unos meses después el caserón fuera sede de la conselleria creada para la zaplanista Gema Amor.
La AVL nació para acabar con el conflicto lingüístico y, cinco años después, este permanece, ya que un reducido sector social, que gira en torno a la RACV, Lo Rat Penat y algunos grupúsculos más radicales, no acepta las propuestas de la Acadèmia, a pesar de los intentos de esta por excluir el menor número posible de usos y dar prioridad a «las formas genuinas valencianas». No obstante, la batalla lingüística, que en determinados momentos superó el ámbito de las letras, ha quedado hoy reducida a una expresión mínima.
Sin embargo, todavía surgen rebrotes potentes del conflicto, que evidencian la productividad que la cuestión ha dado a la política en las últimas cuatro décadas. El caso del dictamen sobre el nombre y la entidad del idioma ha sido la última prueba. Una mayoría de académicos acordó un documento durante los últimos meses de 2004, pero al Consell no le gustó -entre otras cosas, abría la puerta al uso de la denominación valenciano/catalán en el exterior- y envió al titular de Cultura, Alejandro Font de Mora, a abortar el proyecto. La intervención se produjo el 22 de diciembre y representa el episodio más oscuro en la historia de la institución. Unas semanas después, el 9 de febrero de 2005, los académicos aprobaban sin votos en contra -salvo una indisposición que no se supo si fue urinaria o voluntaria- un texto similar, ligeramente suavizado. El daño social estaba hecho, no obstante.
La última etapa de la Acadèmia ha sido una lucha por ganar el prestigio perdido. El arma han sido las primeras grandes obras de la institución. Son el Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià (DOPV), que acaba de ver la luz en papel, y la Gramàtica Normativa Valenciana. Los otros dos grandes documentos en este tiempo han sido la versión valenciana del misal -bloqueada por los obispos de las diócesis- y el Llibre Blanc sobre l´Ús del Valencià, que constató un descenso en el conocimiento de la lengua.
La inclusión de la institución en la reforma del Estatuto ha sido otro elemento de refuerzo social, aunque cinco años después de su creación no se ha disipado la duda de si el Gobierno cree en la institución que él mismo inventó.

Figueres da indicios de que quiere seguir

La primera junta de gobierno empezó a funcionar en septiembre de 2001, así que la renovación del órgano de mando, que toca a los cinco años, no se acometerá hasta la vuelta de las próximas vacaciones. El pleno celebrado el pasado viernes es el último convocado por esta junta, que en agosto pasa a estar en funciones a la espera de que en septiembre se inicie el proceso de elección del nuevo equipo gobernante. El día 22 de ese mes está marcado para el plenario que deberá aprobar la nueva directiva.
Habrá que ver si es nueva o no tanto, ya que en los contactos producidos en las últimas semanas, la presidenta, Ascensió Figueres, ha dado a entender que optará a la reelección, en contra de lo que hace unos meses parecía que era su intención. El Consell, no obstante, prefiere que intente mantener el puesto ante la hipótesis de que tal vez Josep Palomero (vicepresidente y militante del PSPV) pueda auparse a la presidencia. No obstante, entre los académicos se baraja con fuerza la posibilidad de que un miembro del sector universitario lo intente.

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